La medida que fue impulsada por Teresa Celada y con el acompañamiento de Carla Cantero, Carlos Salom, Dino Ortiz y Soledad Villagra, busca ser impuesta mediante Ordenanza y ser aplicable a funcionarios electos y designados por el Ejecutivo Municipal.

En esa línea, la edil manifestó, “quienes detentan cargos públicos debieran ser ejemplos para el resto de la sociedad, la administración pública debería ser un modelo a seguir en el campo del control de las consecuencias del uso de estupefacientes, que constituye una enfermedad que debe ser tratada y erradicada”.

Asimismo, agregó: “Con esta medida de ninguna manera se pretende que la persona se quede sin trabajo, sino de mejorar las condiciones de su vida, del núcleo familiar y de la sociedad en su conjunto, con un abordaje integral e interdisciplinario que evite la estigmatización del consumidor y procure su plena reinserción social, porque entendemos que la adicción como enfermedad puede detenerse y la prevención en ello, es clave”.

El proyecto contempla que los funcionarios comprendidos, deberán indefectiblemente realizarse cada seis (6) meses, los exámenes médicos y/o bioquímicos necesarios para determinar la ausencia en su organismo de drogas ilegales.

En el caso de ser detectados, el funcionario será suspendido en sus funciones disponiéndose su tratamiento médico por la vía más conveniente.

Para finalizar Celada explicó que “desde la clase dirigencial debemos demostrar con hechos que estamos comprometidos con la lucha del narcotráfico y la erradicación del flagelo que se instala y daña a nuestra sociedad, las provincias de Tucumán y Tierra del Fuego son el ejemplo que debemos seguir ya que no sólo cuentan con una ley sino que además la aplican de manera regular”.





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